Ejecutivo cerrará paso al crimen organizado con nuevo proyecto de ley

  • Iniciativa legal contempla mecanismos y procedimientos para enfrentar con las mismas armas que el sofisticado proceder de las bandas criminales.

Con el fin de construir una normativa eficaz en la lucha contra las organizaciones criminales, el Ejecutivo presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley Penal Contra el Crimen Organizado, el cual contempla herramientas apropiadas, sin contravenir el marco legal existente pero con la contundencia necesaria para desbaratar sus sofisticados procedimientos.

Dado que, algunas de estas medidas limitan algunos derechos fundamentales, la citada normativa ha sido cuidadosa en establecer principios y garantías suficientes para solicitarlas, ejecutarlas y poder valorarlas posteriormente.

Entre ellas se encuentran procedimientos para la interceptación postal e intervención de las comunicaciones, fijando escrupulosamente los presupuestos, requisitos, plazos y garantías para su ejecución. Asimismo, técnicas como las de “entrega vigilada” (respecto a los bienes relacionados con la comisión de algún delito) y “agente encubierto” (labor encargada a miembros especializados de la PNP, con orden del fiscal), que constituyen actualmente instrumentos internacionales válidos y garantizados por otras legislaciones.

El referido proyecto también contempla la aplicación de diversas medidas de coerción como el impedimento de salida, incomunicación y allanamiento y de posesión de inmuebles para la innegable necesidad de identificar cómplices de delitos de las bandas organizadas.

También se establece la prohibición de beneficios penitenciarios para quienes se ubican en la cúpula o financian a este tipo de clanes, en tanto el delito cometido sea uno de especial gravedad como homicidio, secuestro, extorsión, etc.

Inclusive se refuerza el seguimiento y vigilancia de este tipo de delincuentes y se brindan las garantías para asegurar la colaboración de todas las personas e instituciones – públicas o privadas – así como un mecanismo judicial, posterior a la ejecución de estas medidas a fin de salvaguardar los derechos de los afectados con ellas.

En esa línea, se introducen, además, mecanismos del llamado “derecho penal premial” como la colaboración eficaz y medidas de protección para testigos, peritos u otras personas que colaboren con el sistema de justicia.

El proyecto legislativo establece reglas sobre la “prueba trasladada” o utilización y valoración en un proceso de las pruebas admitidas y actuadas en otra causa, estableciendo presupuestos, restricciones y criterios de aplicación.

Otra medida extraordinaria facilita los mecanismos de colaboración mutua con otros Estados extranjeros, ante la necesidad de enfrentar el carácter global que poseen las grandes bandas internacionales.

La normativa precisa de manera inequívoca la definición técnica de “organización criminal”, sus modalidades y procedimientos, a fin de delimitar claramente el ámbito de aplicación de la ley y las reglas que ésta contiene.

Lima, 15 de diciembre de 2012
Oficina de Prensa e Imagen Institucional

Presidencia del Consejo de Ministros

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