Ana Jara: “Es de interés del Gobierno el conocimiento de la verdad de los hechos”
Resaltó apoyo del Ejecutivo para las investigaciones
En su presentación ante la Comisión Investigadora encargada de verificar la existencia de vínculos que aún mantiene Oscar López Meneses en el Estado y la existencia de otras organizaciones de mafias y crimen organizado, afectando las funciones del Estado y perturbando el normal funcionamiento de las instituciones del país, la presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara Velásquez dio respuesta a las ocho preguntas formuladas por este grupo de trabajo y reafirmó que “el Poder Ejecutivo ha contribuido con informar de manera objetiva y concreta sobre las acciones dispuestas por este Gobierno en torno a la materia investigada”.
En esa línea, aseguró que es de interés del Gobierno el conocimiento de la verdad de los hechos y por ello se ha remitido a dicha Comisión más de 15 informes y han acudido decenas de personas entre altos funcionarios y ex funcionarios, además de personal policial y militar quienes colaboraron con las investigaciones. “Por lo cual –agregó- se espera que la labor de la Comisión coadyuve con el logro de este propósito”.
En cumplimiento de su presentación en calidad de invitada, Jara Velásquez respondió por qué se considera inconstitucional el pedido de la Comisión de una reunión con el Presidente de la República para que brinde su declaración precisando que según el artículo 117° de la Constitución el Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por determinados delitos, tomando en consideración que el mandatario tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación, “por lo que resulta razonable un amplio alcance de sus inmunidades funcionales, a efectos de que cumpla debidamente las delicadas competencias y atribuciones constitucionalmente reservadas”.
En ese sentido, aseguró que solicitar una entrevista para que el Presidente de la República proporcione información ante cualquier comisión parlamentaria avocada a temas diferentes a los supuestos contenidos en el artículo 117 de la Constitución, “lo despojaría de una garantía fundamental para el debido ejercicio del cargo, lo que pondría en riesgo el eficaz ejercicio de sus competencias”.
Respecto a la pregunta sobre la reunión del jefe de Estado y el ex presidente de la Comisión Investigadora, la primera ministra resaltó que se trató de una reunión que nunca tuvo carácter clandestino o secreto. “Se realizó en Palacio de Gobierno en horario laboral y en la que estuvo el señor Daniel Figallo Rivadeneyra, Ministro de Justicia y Derechos Humanos”, precisó.
Acción diligente e inmediata
Sobre las acciones del Gobierno después que el ex ministro del Interior Wilfredo Pedraza Sierra tomó conocimiento de los hechos investigados, Jara hizo un recuento en base a la información proporcionada por los Ministerios de Justicia y del Ministerio del Interior y ratificó que el Gobierno actuó con diligencia teniendo “como referente el principio de inmediatez”.
Recordó que el sector Interior actuó solicitando al Ministerio Público el inicio de las investigaciones, que dispuso el relevo de altos mandos de la Policía Nacional comprometidos y solicitó el inicio de las investigaciones al Tribunal de Disciplina Policial y del Fuero Militar Policial. Asimismo a la Procuraduría Pública de Asuntos Jurídicos del sector Interior, interponiendo denuncia contra oficiales y suboficiales.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia viene actuando en defensa de los intereses del Estado en la investigación fiscal que se realiza contra Óscar López Meneses y otros.
Finalmente, respecto a la pregunta que alude a sus afirmaciones que señalan que “el objetivo de la Comisión López Meneses no es la verdad, sino Ollanta Humala”, Jara argumentó que ese comentario expresó “una preocupación por las constantes afirmaciones vertidas por el presidente de la Comisión, Juan Díaz Dios, las mismas que involucraban sin mérito probatorio al jefe de Estado como uno de los principales actores de los hechos materia de la investigación”, recordando además que en el país no hay delito de opinión.
En ese contexto, diferentes congresistas señalaron que las declaraciones del congresista Juan Díaz Dios eran a título personal.
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Lima, 31 de octubre de 2014
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