Comisión de ministros busca entablar mesas de diálogo con comunidad de Fuerabamba

Presidente del Consejo de Ministros indicó que la nueva comisión reforzará el trabajo que vienen realizando representantes del Ejecutivo.

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, informó que, como parte de la posición del Estado de redoblar el diálogo con los comuneros de Fuerabamba, quienes mantienen bloqueado el Corredor Vial Apurímac-Cusco-Abancay, se ha tomado la decisión de enviar una nueva comisión, la misma que estará conformada por los ministros de Salud, de Desarrollo e Inclusión Social y de Transportes y Comunicaciones.

La comisión de ministros tiene por misión reenfocar el diálogo hacia los temas de fondo que afectan a la comunidad de Fuerabamba: decidir el futuro del corredor vial y establecer un plan de desarrollo para toda la provincia de Cotabambas.

En conferencia de prensa, Del Solar explicó que el Ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad en la detención del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los asesores legales de dicha localidad. Sostuvo que la decisión fue autónoma del Ministerio Público y, en todo caso, tendría que ser dicha entidad la que haga informe de las razones por las que se tomó la medida. Asimismo, dijo que es importante saber si continuará la detención preliminar o, en caso exista la posibilidad, según considere el Ministerio Público, cambiar a comparecencia, a fin de tener un interlocutor válido.

El jefe de la PCM remarcó que las detenciones de los dirigentes de Fuerabamba y sus asesores fueron decisión del Ministerio Público que sigo el caso desde el año 2017. “Se debe evitar la confusión. No estamos ante un caso de criminalización de la protesta. El Ministerio Público, está viendo el caso desde febrero del 2017, conocía del comportamiento de los hermanos Chávez en Apurímac y Ayacucho. En ese momento, no tenía ninguna relación, todavía, con ningún comunero y mucho menos con un dirigente o presidente comunal. En el avance de las investigaciones, el Ministerio Público ha considerado que debía presentar una denuncia y una orden de detención preliminar contra los hermanos Chávez y el presidente de Fuerabamba. Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por el estado del presidente de la comunidad, por ello nos hemos acercado para saber si está teniendo la legítima defensa”, dijo.

En ese sentido, Del Solar indicó que la presencia de los ministros busca reconducir las conversaciones con los comuneros, debido a que desde el 11 de marzo están interrumpidas. Indicó que la nueva comisión reforzará el trabajo que viene realizando los representantes del Ejecutivo que se encuentran desde la semana pasada en la zona.

“(Nosotros) queremos darle a esto no solo una solución definitiva, sino una mirada de desarrollo. El compromiso de este Gobierno es dar ese paso. Por ello, están viajando los ministros para que reconduzcamos la conversación de un conflicto que ha sido severamente afectado por personas externas a la comunidad y que todo indica, según la información que se ha hecho pública, que ha sido con un comportamiento extorsivo, el mismo que ha influenciado a la dirigencia de la comunidad”, precisó. La Presidencia del Consejo de Ministros tiene el encargo de acercar y fortalecer el diálogo con las comunidades asentadas a lo largo de la vía y evitar que se den mensajes erróneos sobre la labor del Ejecutivo en la zona.

Respecto a la vía pública que se encuentra bloqueada, el jefe del Gabinete sostuvo que ese siempre fue un camino vecinal que ya existía, por lo menos, desde el año 2008, fecha anterior al inicio de operaciones de la minera. Agregó que, en un primer momento, por pedido de las autoridades locales, incluido el gobernador del Cusco, se cambió la clasificación de departamental a regional. Tiempo después, ante la solicitud de asfaltar la vía de más de 300 kilómetros, se decide darle la clasificación de nacional.

Precisó que en el esfuerzo del Ejecutivo por hacer esta vía es que entran a tallar los hermanos Chávez, quienes, según audios legítimos tomados por Poder Judicial, que hoy han sido publicados en los medios de comunicación, le habrían exigido a la comunidad que deje de negociar con el Estado y presionen a la minera.

“En ningún momento hemos dicho que la demanda de los comuneros carezca de legitimidad. Lo que no es aceptable es que cualquier pedido que tengamos en sociedad pase por encima de los derechos de los demás. No se puede interrumpir una vía pública. Si la comunidad considera que tiene una expectativa económica, existen otros canales para lograrlo y el Gobierno puede apoyar en eso”, dijo.

Oficina de Prensa e Imagen Institucional.

27 de marzo de 2019 – 4:52 p.m.