Implementación de mejores prácticas para combatir el cohecho en el Perú en el marco de los estándares de la OCDE

CAN Anticorrupción: El Perú transita en la senda de la lucha antisoborno de la OCDE

Con el objetivo de profundizar y debatir sobre los alcances de las modificaciones legales que se vienen discutiendo en el Congreso de la República para combatir el cohecho transnacional en nuestro país, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción) organizó la Conferencia: “El Perú y su adhesión a la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): La Regulación de la Responsabilidad Autónoma de las Personas Jurídicas”.

La conferencia -que contó con el apoyo de la Presidencia del Congreso, el Gobierno Británico y GovRisk- tuvo como objetivos coadyuvar a la aprobación de la normativa sobre responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, a fin de que nuestra legislación se adecue a los estándares internacionales previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención para combatir el Cohecho en transacciones comerciales internacionales de la OCDE.

La conferencia estuvo dirigida a congresistas y asesores legislativos; y tuvo como ponentes a José Ávila Herrera, Encargado de la Coordinación General de la CAN Anticorrupción; Iván Montoya Vivanco, ex Procurador Anticorrupción; y John McKendrick, experto anticorrupción del Reino Unido.

Cabe señalar que la OCDE, aprobó, en 1997, la Convención para Combatir el Cohecho en transacciones comerciales internacionales, siendo el Grupo de Trabajo Antisoborno de la OCDE el órgano encargado de evaluar su implementación y revisar las solicitudes de adhesión a la Convención.

En el año 2009, el Estado peruano solicitó su adhesión a la Convención para Combatir el Cohecho en transacciones comerciales internacionales, desarrollando distintas acciones y estrategias a efectos de adecuar nuestra legislación a los estándares exigidos, aprobándose dos leyes al respecto: Ley N° 30076, que modifica el artículo 102 del Código Penal a fin de introducir en nuestra legislación penal el decomiso del valor de los bienes ilícitamente obtenidos; y la Ley N° 30111, que incorpora la pena de multa para los delitos de corrupción.

Con la implementación de dicha legislación, en el año 2013, el Perú pasó de ser “país observador” a “país participante” en el Grupo de Trabajo Antisoborno de la OCDE. Sin embargo, para la obtención de la categoría de “miembro pleno” en dicho Grupo, el Perú tiene que incorporar en su legislación la regulación sobre responsabilidad autónoma de personas jurídicas.

Lima, 24 de marzo de 2015

Oficina de Prensa e Imagen Institucional

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