Ana Jara: Poder Ejecutivo aprueba proyectos para sancionar a personas jurídicas que incurran en actos de corrupción

• Jefa del Gabinete Ministerial destaca que ambas iniciativas nacieran en el seno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a cargo de la PCM. 
• Sanciones comprenden multas, cierre de locales y disolución de propia persona jurídica.

La presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara Velásquez informó que en reciente sesión del Consejo de Ministros se aprobaron dos proyectos de Ley referidos a la lucha contra la corrupción los que se constituirán en herramientas eficaces para enfrentar este flagelo.

Las iniciativas legislativas se refieren, dijo, a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción en la administración pública y al  proyecto de ley que regula la responsabilidad penal de personas jurídicas de derecho privado en actos de corrupción.

La titular de la PCM explicó que el primer proyecto presentado consiste en proteger a los denunciantes de actos de corrupción durante la realización de cualquier trámite que realicen, así como los actos indebidos dentro de cualquier sede administrativa, salvaguardando la identidad  al individuo denunciante, a fin de evitar represalias que pudieran haber en su contra.

Sobre la segunda propuesta legislativa Jara Velásquez comentó que la responsabilidad alcanza también a las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, sociedades irregulares y aquellos entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado o sociedades de economía mixta por los delitos previstos en los artículos 384, 387, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal.

Estos delitos están tipificados como colusión simple y agravada; peculado doloso y culposo; cohecho activo y tráfico de influencias.

Este proyecto de ley, elaborado en el seno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros, plantea -entre otros aspectos- que en caso determinarse responsabilidad, el juez puede aplicar medidas contra la empresa que van desde la aplicación de una multa pecuniaria, disolución o clausura de sus locales o establecimientos, la cancelación de las licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales, hasta la  inhabilitación para contratar con el Estado.

La jefa del Gabinete sostuvo que la regulación legal tiene por objetivo determinar la responsabilidad que puede recaer en las personas jurídicas por los delitos de corrupción que se comentan en su nombre y su beneficio o que permite que se cometan.

Dijo que la propuesta legislativa constituye una herramienta jurídica que permitirá combatir el soborno transnacional, neutralizar y sancionar el accionar de las empresas, así como también de su administrador o empleados por la comisión de hechos delictivos.

Resaltó que el proyecto de ley también será un instrumento de vital importancia para lograr la adhesión del Perú a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

“No me cabe la menor duda que la Representación Nacional aprobará estas normas para realizar con los demás Poderes del Estado nuestra labor de fiscalización”, dijo la ministra Jara Velásquez al finalizar una conferencia de prensa en los pasos perdidos del Congreso Nacional.

Lima, 4 de diciembre de 2014

Oficina de Prensa e Imagen Institucional

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